La historia parece conocida. Pero en este caso ocurrió a 12 mil kilómetros de distancia. En
Islandia. Se le denominó "Revolución de las cacerolas", y ocurrió tras las protestas que surgieron por la crisis económica y social que siguió al colapso bancario de 2008 y 2009.
La rabia se expresaba contra la clase política y los banqueros, pero también en la
necesidad de una nueva Constitución, una que reemplazara a la de 1944, la que si bien tenía un carácter "provisional", se mantenía vigente.
Se iniciaba así un proceso constitucional, uno que buscaría darle protagonismo a la ciudadanía, y no a los partidos políticos.
El primer paso fue nombrar una Comisión Constitucional de siete integrantes. Esta convocó a un foro de 950 ciudadanos elegidos al azar, para que definieran los contenidos que debía comprender la Carta Magna, y llamó a elecciones para una Asamblea Constituyente compuesta por un consejo de 25 ciudadanos.
Los islandeses tuvieron la oportunidad de seguir las decisiones de esta instancia y de contribuir con sugerencias a través de Facebook.
"Existió un proceso reiterado de borradores y comentarios, lo que introdujo modificaciones al proyecto propuesto. Es improbable que podamos encontrar otro proceso de creación constitucional en el que el público general haya tenido este nivel de participación directa", escribió en su momento el profesor de Derecho Internacional Tom Ginsburg.
En julio de 2011 se presentó al Parlamento la propuesta de nueva Constitución, a la que algunos expertos constitucionalistas hicieron objeciones técnicas por la vaguedad de redacción en ciertos artículos, o porque muchas disposiciones se formulaban en términos demasiado amplios y difusos.
En octubre de 2012 se realizó un referéndum ratificatorio. Si bien el texto fue aprobado por el 66% de los votos, el acto no despertó un masivo interés en los islandeses. Menos de la mitad de ellos acudieron a las urnas.
En ese momento comenzaron los problemas. De acuerdo a la legislación, para que entrara en vigor la nueva Carta Magna se requería el voto conforme de dos parlamentos consecutivos. Hasta ahora, a 12 años de la "Revolución de las cacerolas", eso no ha ocurrido.
¿Cuál fue el problema? Según Ginsburg, en su texto "Fruit of the Poisoned Vine? Some Comparative Observations on Chile’s Constitution", "
los partidos políticos, en la medida en que sean estables, no pueden dejarse a un lado en un proceso de reforma. Hacerlo supone correr el riesgo de un descarrilamiento en una etapa posterior. Solo en aquellas situaciones en que el orden político existente se encuentra completamente desacreditado puede resultar efectiva la estrategia de pasar por el lado de los políticos".
Para los académicos Sergio Verdugo y Jorge Contesse ("Auge y caída de un proceso constituyente: lecciones del experimento chileno y del fracaso del proyecto de Bachelet"), "la experiencia de Islandia, idealizada por algunos académicos que promueven formas de participación popular, más bien parece demostrar que la exclusión de los partidos políticos del proceso constituyente puede conducir a un fracaso".
En el caso chileno, el camino hacia una nueva Constitución no contempla la necesidad de una participación del Legislativo en su aprobación, sin embargo, la experiencia islandesa puede ser un insumo importante a tener en cuenta en este proceso.
REVISA MÁS EN CRÓNICA CONSTITUCIONAL
